MIAMI.- Un costo que Ecuador está dispuesto a correr, así ven desde el gobierno de Daniel Noboa la irrupción a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente correísta, Jorge Glas, a quien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intentaba proteger con un asilo diplomático, pese a las dos sentencias firmes por corrupción, por los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016, que pesan en su contra.
“El gobierno de AMLO, que es afín al socialismo del siglo XXI, ha estado protegiendo a una serie de criminales comprobados con sentencias ejecutoriadas, con pruebas”, explica el analista ecuatoriano Francisco Endara, radicado en Miami como refugiado político, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
Glas, de 54 años, fue detenido la noche del viernes 5 de abril y traslado a una cárcel de máxima seguridad, luego de que AMLO le otorgara el asilo solicitado en diciembre de 2023, cuando fue recibido en la sede diplomática mexicana en calidad de “huésped ilustre”, después de que se le negara la petición de prelibertad y se destapara el caso “Metástasis”, que develaba la instauración de “narcopolítica” en la nación suramericana, sometida por la mafias del narcotráfico a una ola de violencia sin precedentes.
Por este caso, aún en investigación, detuvieron a más de 50 funcionarios judiciales, policiales y penitenciarios. Entre ellos, el juez Emerson Curipallo, que en 2022 dejó en libertad condicional a Glas bajo una medida cautelar de presentación que debía cumplir semanalmente, y que incumplió tras refugiarse en la embajada mexicana.
Tras este incumplimiento, la justicia ecuatoriana emitió una orden de aprensión, a la que se le sumó otra de prisión preventiva emitida por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, que investiga la Fiscalía.
Una creciente crisis
Glas, hombre de confianza del expresidente Rafael Correa (2007-2017), ha tratado de vender su caso judicial como uno de persecución política, argumento respaldado por el gobierno de AMLO, pese a las notificaciones del Estado ecuatoriano, que en marzo solicitó el acceso a la embajada para detener al exvicepresidente.
México negó el acceso a la justicia ecuatoriana estando en conocimiento del historial judicial de Glas, lo cual inició una crisis diplomática, que incrementó tras las desafortunadas declaraciones de AMLO en las que comparó el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio, principal detractor del correísmo que denunciaba los vínculos del narcotráfico con la política, con los recientes sicariatos ocurridos en México.
En sus afirmaciones, AMLO puso en duda la legalidad del proceso en el que Noboa, un empresario sin experiencia política, se sobrepuso a las encuestas y derrotó en las urnas electorales a ‘la delfín’ de Correa, Luisa González, quien figuraba como la gran favorita.
Este hecho llevó al gobierno ecuatoriano a declarar persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Serur, a quien le dio un lapso de 72 horas para abandonar el país.
En este escenario, AMLO decidió otorgar el asilo a Glas, una medida rechazada por Ecuador, que la calificó de “ilícito”, como lo señalan las distintas convenciones internacionales sobre asilo político y diplomático, que establecen que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas”.
“¿López Obrador no está prostituyendo la institución del asilo? Esa es la pregunta que hay que hacer porque usan las herramientas de la democracia para esconder criminales”, asevera Endara.
En virtud del artículo III de la Convención de Viena sobre Asilo Diplomático, el gobierno mexicano debió invitar a Glas “a retirarse” de sus instalaciones o entregarlo al Estado ecuatoriano, para que cumpliera con los más de dos años de cárcel pendiente de una pena unificada de 8 años.
“Ecuador agotó el diálogo diplomático con México respecto a este tema”, afirmó la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. Reiteró que México debió cumplir con las obligaciones contenidas en la Convención de la ONU contra la Corrupción, y cooperar con Ecuador para “prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas”.
Riesgo de fuga
El gobierno de AMLO, afín al expresidente Correa, ha convertido a México en un refugio seguro para exfuncionarios correístas procesados penalmente por los delitos de corrupción y sus relaciones con narcotraficantes.
Glas, símbolo de la corrupción ecuatoriana, era el último del correísmo al que el mandatario mexicano pretendía cobijar bajo sus alas para impedir el acceso a la justicia. Su detención se llevó a cabo tras el anuncio de México de enviar un avión militar para buscar a su embajadora y la información de un “riesgo real de fuga inminente” que manejaba el gobierno ecuatoriano.
“En el continuo desafío que venía haciendo el gobierno de López Obrador, planeaban sacarle (a Glas) en un carro diplomático, aun cuando no contaba con el salvoconducto para poder circular en territorio ecuatoriano”, indica Endara.
Esta hipótesis fue confirmada por el propio Canseco. “Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías”, reconoció Roberto Canseco, jefe encargado de la misión mexicana, en declaraciones a la prensa, en las que se muestra bastante alterado tras el altercado que protagonizó cuando intentó evitar la detención de Glas.
“Se trata de un prófugo de la justicia, ahí lo que primaba justamente era defender el interés del pueblo ecuatoriano porque este tipo, junto con todo el grupo, integra una red de crimen organizado”, sostiene Endara.
El gobierno de Noboa defendió la soberanía de su país y la supremacía de la Constitución, como lo establece su artículo 425, por encima de los tratados internacionales, en medio de la lucha que lleva a cabo por un “Ecuador sin impunidad”.
“En una situación compleja y sin precedente que vive el país, he tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes, corruptos o narcoterroristas”, expresó Noboa en un comunicado.
México, paraíso de correístas
México, azotado por las bandas del narcotráfico, cuyos tentáculos llegan a Ecuador, se ha convertido durante el gobierno de AMLO en un paraíso para los correístas con historial de corrupción. Desde 2018, ha acogido a al menos nueve exfuncionarios de Correa, entre ellos, al excanciller Ricardo Patiño.
También a los legisladores Gabriela Rivadeneira, Sofía Espín, Viviana Bonilla, Carlos Viteri, Luis Molina, Soledad Buendía, y a su esposo, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Edwin Jarrín. Además, recibió al exsuperintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, y al exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís.
“AMLO lo que ha hecho continuamente es interferir en la justicia ecuatoriana para proteger a sus amigos del socialismo del siglo XXI”, asegura Endara, como lo hizo en 2019 con el presidente boliviano Evo Morales e intentó hacer con el expresidente peruano Pedro Castillo en 2022.
La decisión de Noboa obtuvo rechazo de la comunidad internacional, principalmente de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y del expresidente Correa que, contradiciendo su diatriba socialista, ha pedido sanciones contra el Estado ecuatoriano, un hecho que ha sido calificado por Noboa de “traición a la patria”.
Mientras que México indicó que llevará el caso a instancias internacionales, como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que este 10 de marzo condenó, con un “fuerte llamado de atención”, la acción del gobierno ecuatoriano.
“Esto no es una lucha por defender el derecho internacional, como está queriendo pintar López Obrador y todo el grupo del socialismo del siglo XXI, que manipulan y tuercen totalmente las cosas cuando les conviene”, subraya Endara.