WASHINGTON — Estados Unidos no renovará la licencia que autorizó las operaciones de empresas estadounidenses en la industria petrolera y gasífera de Venezuela, al considerar que el régimen de Nicolás Maduro no ha cumplido con los compromisos que adquirió en el Acuerdo de Barbados, suscrito con la oposición del país en octubre pasado, y que plasmaban una hoja de ruta de garantías electorales para comicios presidenciales de este año.
La Licencia General 44 fue emitida en octubre de 2023, pocos días después de que los representantes del régimen y de la Plataforma Unitaria Democrática, una coalición de los principales partidos de oposición, firmaran el llamado Acuerdo de Barbados, en la isla caribeña del mismo nombre. La Licencia General 44 permitió que empresas estadounidenses llevaran a cabo operaciones de producción y exportación de crudo conjuntamente con la estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) desde el territorio venezolano.
«Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023. Por lo tanto, La Licencia General 44, que autoriza transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero en Venezuela, vencerá a las 0:01 horas del 18 de abril», informó el Departamento de Estado este miércoles en una nota de prensa en su sitio web.
Agregó en su texto que a pesar de que Maduro ha «cumplido algunos de los compromisos asumidos» en Barbados, «nos preocupa que Maduro y sus representantes impidieran que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil».
Y enfatizó: «nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras».
La nota de prensa explicó que al vencerse el plazo de vigencia de la licencia, EEUU otorgará un periodo de gracia de 45 días a las empresas estadounidenses que están operando en Venezuela para que cierren sus operaciones. Asimismo, indicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del final del período de liquidación, y que esto se hará caso por caso.
En el Acuerdo de Barbados establecía compromisos por parte del régimen y la oposición venezolana para garantizar que las próximas elecciones presidenciales de julio sean libres y transparentes. Entre esos compromisos figuraba que se permitiera la participación como candidato de todo aquel que expresara su deseo de entrar en la contienda. Sin embargo, el régimen de Maduro mantuvo una inhabilitación política a la principal líder opositora María Corina Machado que le impide ejercer cargos públicos por 15 años.
Machado fue proclamada como la candidata unitaria de la oposición luego que ganara con el 92% de los votos unas primarias en octubre de 2023.
Al no poder inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Machado designó a la académica Corina Yoris como su sustituta. Pero Yoris tampoco pudo inscribirse debido a que le fue imposible acceder al sistema automatizado de postulación. El CNE alegó que supuestos «problemas técnicos» causaron que la candidata no pudiera ingresar a la plataforma.
De igual manera, desde enero al día de hoy, el régimen de Maduro ha detenido a varios miembros del partido de Machado, Vente Venezuela, a quienes ha vinculado, sin pruebas, con supuestos planes conspirativos para atentar contra la vida del gobernante.
Impacto de la decisión
La Administración Biden ha interpretado los últimos acontecimientos en el país como un retroceso democrático.
«Maduro y sus representantes no cumplieron plenamente con el espíritu o la letra del acuerdo», señalaba este miércoles un funcionario estadounidense a medios de comunicación, según The New York Times.
La decisión de EEUU sobre las sanciones a Venezuela era esperada con mucha expectativa, no solo por las venideras elecciones de julio, sino también por el desempeño económico del país caribeño.
«Si se revoca la licencia no va a haber cambios políticos, pero la pequeña esperanza de una recuperación económica se cercena», estimó Oscar Duval, presidente de la casa de bolsa Rendivalores. Venezuela tuvo un crecimiento de 15% en 2022 y 5% en 2023 según el régimen, después de ocho años de recesión, en los que el PIB se contrajo 80%.
El embargo al petróleo y el gas de Venezuela fue impuesto en 2019 como parte de una batería de sanciones para intentar provocar la caída de Maduro tras las elecciones de 2018, consideradas fraudulentas por Washington.
La reversión del alivio de las sanciones a Venezuela ocurren también cuando el país caribeño atraviesa una crisis migratoria que ha afectado a todo el continente americano. Más de 7 millones de venezolanos han huido de su país desde 2014, según cifras de Naciones Unidas. Millones de ellos han atravesado Centroamérica para llegar a México y EEUU. La migración es uno de los temas centrales de los comicios estadounidenses de noviembre.
Además EEUU, y también Europa, buscan fuentes de energía estables desde la invasión rusa a Ucrania. EEUU buscaba usar el suministro energético como arma para negociar con el régimen de Maduro a quien le pide una apertura democrática. No obstante, todos los intentos han fracasado hasta ahora.
La Plataforma Unitaria Democrática logró inscribir a un aspirante menor, Edmundo González Urrutia, con la esperanza de sustituirlo en algún momento.
Semanas atrás, el gobierno de EEUU dijo que tenía pocas esperanzas de que las elecciones presidenciales venezolanas vayan a ser un proceso transparente.