SAN JOSÉ.- En una resolución emitida este lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Honduras por la «remoción arbitraria» de cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema en el año 2012.
La controversia surgió en medio de un plan de «depuración» de la Policía propuesto por el entonces presidente Porfirio Lobo, y respaldado por el jefe del legislativo, Juan Orlando Hernández, quien ascendió a la presidencia y actualmente enfrenta cargos por narcotráfico en los Estados Unidos.
En su fallo, la Corte resalta «la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la violación de las garantías judiciales, los principios de legalidad e independencia judicial, así como los derechos políticos, a la protección judicial, a la estabilidad laboral y a la integridad personal de los magistrados».
Los jueces destituidos son José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel, quienes habían declarado la «inconstitucionalidad» del plan de depuración policial. La única jueza que respaldó el plan no fue removida.
En lugar de los magistrados destituidos, Lobo y Hernández nombraron a jueces afines a su administración, quienes aprobaron la polémica reelección de Hernández en 2014, violando lo establecido en la constitución.
Lobo fue investigado por fraude tras dejar el cargo, y Hernández fue extraditado a Estados Unidos, donde fue declarado culpable de narcotráfico en marzo pasado.
La Corte IDH sostiene que los magistrados fueron destituidos «por una autoridad que carecía de competencia, lo cual constituyó una violación de la garantía de la independencia judicial». Además, el Congreso hondureño ejerció una «desviación de poder» para sancionar a los cuatro magistrados «por sus decisiones y ejercer presión externa sobre el Poder Judicial».
Como medidas de reparación, la Corte IDH ordenó a Honduras pagar una indemnización a los exmagistrados, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y adecuar su ordenamiento jurídico interno.