La confidencialidad bancaria murió en Nicaragua, donde todo lo que desde ahora ocurra en el sistema financiero estará bajo el control del régimen de Daniel Ortega con las reformas a la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros, la Ley de Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras y la Ley de Mercado de Capitales, que le otorgarán un manejo discrecional de los movimientos que ocurren en el sector para mantener contra la pared a los banqueros.
Con el apoyo de la Asamblea Nacional, donde su partido es mayoría –con 71 diputados de 92– logró los cambios en las tres normativas para imponer una “política represiva” dirigida contra entidades financieras para “amordazar” el capital que todavía queda en Nicaragua, reseña el Diario Las Américas.
Las reformas contemplan «multas» contra entidades financieras y funcionarios que, de acuerdo con el régimen, incurran en infracciones como “alterar, desfigurar u ocultar datos o antecedentes en los balances” y que divulguen o informen a los clientes que estén bajo investigación por operaciones sospechosa de “lavar dinero”.
En la mira
De acuerdo con las nuevas normas, será sancionado «el director, representante, gerente ejecutivo principal, funcionario, administrador de prevención de los riesgos, auditor interno o cualquier otro empleado de las instituciones financieras indicadas que alteren o desfiguren datos o antecedentes en los bancos y los balances, libros, estados de cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera, o que oculte o que evite que se conozcan los mismos o destruyan estos elementos con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización y supervisión o impresión que corresponde ejercer a la Superintendencia».
En otros términos, el nuevo marco legal deja a discreción del superintendente de Bancos la aplicación de sanciones contra los banqueros cuando se trate de actividades que el régimen de Daniel Ortega considere “infracciones graves”.
Las reformas bancarias equivalen a un pase de factura debido al cese de las alianzas que el sector privado mantuvo por más de una década con Ortega, tras al estallido social de abril de 2018, donde la represión dejó unos 328 muertos.
La conflictividad marcó un antes y un después. Varios empresarios están encarcelados desde junio, entre ellos el gerente del Banco de la Producción (Banpro Grupo Promerica), Luis Rivas Anduray, y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri. Ambos son acusados usando la Ley 1055, de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación.
Mordaza al capital
El discurso de Daniel Ortega esconde sus objetivos. Vocifera que las reformas persiguen «combatir» actividades de lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo por “recomendación” del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a la SIBOIF (Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras), pero es un “disfraz que está empleando el régimen para ir contra los banqueros. Ante una acusación cualquiera como traición a la patria, el régimen puede actuar directamente y le informa a los bancos que queda congelado cualquier título, depósito o cuenta corriente y a la orden del Estado”, asegura el medio.
“Los inversionistas verán que su dinero no está seguro, si antes tenían que poner un capital a riesgo, ahora tendrían que contemplar un capital a pérdida porque con las herramientas que tiene el régimen ahora la pérdida es casi segura ante la falta de garantías”.
Es una mordaza al capital que queda en el país. Una advertencia evidente de que el régimen tiene el control y la disponibilidad permanente de los recursos que entran. Significa que en Nicaragua ya la banca deja de ser independiente porque ya perdió la confidencialidad, la base que sostiene a un banco es la confianza de sus clientes que no podrán exigir confidencialidad a los bancos porque tienen que actuar conforme a las leyes impuestas por Ortega.
Las nuevas disposiciones legislativas incluyen hasta el retiro de licencia de operaciones porque son reformas “exclusivamente represivas que no contienen absolutamente nada nuevo de naturaleza sustantiva sino una mayor escalada de la política de terror, en particular contra los bancos, banqueros y empresarios, que hasta ahora se consideran protegidos”, apunta Confidencial.
Para evadir sanciones
El sandinismo necesita liquidez y la procura. Por un lado, aprobó multas de hasta 3,6 millones de córdobas (más de un millón de dólares) a los bancos que no otorguen servicios financieros a los nicaragüenses. ”Una maniobra para evadir las sanciones de Estados Unidos y obligar a los bancos a abrir las cuentas a familiares, funcionarios e instituciones del régimen que fueron cerradas tras ser sancionados por corrupción y violaciones a los derechos humanos”, agrega el Diario Las Américas.
La regulación deja entre la espada y la pared a los banqueros que se rehúsen a brindar sus servicios a los sancionados. Arriesgan perder sus corresponsalías con la banca estadounidense porque el Departamento del Tesoro prohíbe a sus ciudadanos y a empresas bajo la jurisdicción de Estados Unidos establecer relaciones con los involucrados en delitos de corrupción y abuso a los derechos humanos.
Ese ambiente opresivo se complementa con “la regulación en materia de Prevención del Lavado de Dinero, que se manifiesta en un régimen sancionador que, dada la situación política, asusta a un sector privado que se ha quedado paralizado, y con su visión puesta en la sobrevivencia, más que en el corto y mediano plazo”.
Es parte del discurso de normalidad que el régimen intenta imponer con desesperación frente a un país que se está moviendo a dos velocidades: la de Ortega que crea formalidades legales como estas para intentar cumplir sus obligaciones internacionales, aumentando multas, y la de una economía en declive que genera desconfianza total con estas sanciones en el ámbito financiero a los ciudadanos y las empresas.
Fuente: PanamPost