El gabinete y el partido político del presidente de Perú, Pedro Castillo se caen a pedazos. Ya en menos de dos meses en el poder se presenta la renuncia de su segundo ministro por vínculos con la organización maoísta Sendero Luminoso mientras que ocho dirigentes de su tolda, incluido el fundador comunista, Vladimir Cerrón, enfrentan a la Justicia por malversación de fondos. En cargo que los llevaría a la cárcel por más de dos años.
Todo ello ocurre mientras militares y policías retirados exigen en las calles la declaración de vacancia. Es un panorama incierto que el maestro convertido en mandatario elude a través de su primer ministro, Guido Bellido, quien anuncia una “evaluación de los funcionarios del gobierno con las atribuciones dadas por el Parlamento, mediante el voto de confianza”, para impedir que el grito de los exuniformados se vuelva realidad.
Es una crisis en agudización. Se percibe de ese modo después de la salida de Héctor Béjar de la Cancillería hace poco más de una semana por causar la indignación de la Marina de Guerra al expresar que la institución propició el terrorismo en el país y ahora que Iber Maraví, el titular de la cartera de trabajo y promoción del empleo, deja su puesto. Este último funcionario se retira de sus funciones ante las denuncias en su contra por el delito de terrorismo en la modalidad de instigación en julio de 2004 en Huamanga (Ayacucho), durante una protesta.
Historial de irregularidades
Según un informe policial, los dirigentes de varios sindicatos incitaron a la población a manifestar bajo la falsa versión de que los maestros habían sido agredidos y presuntamente desaparecidos.
Maraví, secretario general del gremio de maestros en Huamanga, reconoció que su grupo participó bajo la dirección del Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución (Conare) del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) en esas concentraciones.
Sin embargo, el Conare fue vinculado a inicios de los años 2000 como una agrupación asociada al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), que buscaba la excarcelación del fundador de la banda armada Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, e incursionar en la política nacional.
A Maraví también se le había incluido como investigado en 1981 por presuntamente haber participado en atentados atribuidos a Sendero, junto a ex líderes de esa agrupación como Edith Lagos, a quien el propio Bellido había rendido homenaje en sus redes sociales.
Designación insostenible
La presidente del Congreso, María del Carmen Alva, consideró “insostenible la permanencia del ministro Iber Maraví en el Gabinete” en Twitter.
En esa misma red, Maraví divulgó su salida para proteger “al gobierno del pueblo” de los “golpes de la ultraderecha. Sin embargo, la renuncia no apaga el fuego.
La conflictividad política para Castillo mantiene el calor, porque la fiscal Mary Huaman del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, solicitó no solo dos años y 11 meses de pena privativa de libertad contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, así como para otros siete funcionarios por malversación de fondos, sino su inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación de 100.000 soles —alrededor de 24000 dólares— por cada acusado.
Cerrón en el centro
Vladimir Cerrón complica a Castillo. Su controversial figura y vocería envuelta en una nueva acusación por presuntamente desviar los recursos del proyecto “Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro” cuando administró Junín empañan al presidente.
Según la fiscal, Cerrón Rojas designó a personal de su confianza en puestos claves y con funciones específicas para el manejo de la ejecución presupuestaria. Luego dispuso que el proyecto afectado pase a mano de ellos y en conjunto habrían ejecutado irregularmente un total 2 880 088 de soles -705 000 dólares- del presupuesto destinado a los trabajos para la ejecución de otros nueve proyectos provocando que el proyecto principal no se culminara.
Entre los imputados están los exgerentes de la citada entidad regional: Henry López Cantorin, Ulises Panez, Rocío Cristina Bonifacio Aliaga, Julio Alberto Matos Gilvonio, Estela Encarnación Baldeón Hormaza, Ofelia Rios Pacheco y William Javier Acosta Laymito.
Cerrón Rojas también es investigado por el cuarto despacho de la fiscalía supraprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios, a cargo de la fiscal Vanessa Diaz Ramos, por presunto tráfico de licencias de conducid en la Dirección Regional de Transportes.
“¡Urgente, urgente, vacancia al delincuente!” y “¡Debajo del sombrero, se esconde Sendero” son algunos de los lemas que estremecen las calles cercanas al edificio de Seguridad del Estado, en el centro de Lima donde hay protestas en contra de Castillo. Los colectivos “Arica no se rinde”, “Brigada Angamos”, “Zarumilla Fuerza Azul” y “Tarata nunca más” marchan hasta el frontis del Poder Judicial en rechazo a su gestión divulga Expreso.
Fuente: PanamPost