La presidenta peruana Dina Boluarte fue denunciada constitucionalmente ante el Congreso por el fiscal general Juan Carlos Villena como autora de delito de cohecho pasivo impropio, en el marco del denominado caso ‘Rolex’
«De conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Constitución […], así como en el artículo 450 del Código Procesal Penal, […] interpongo denuncia constitucional contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra […] como presunta autora del delito contra la administración pública […] en la modalidad de cohecho pasivo impropio», se lee en el documento enviado al presidente del Parlamento, Alejandro Soto.
De acuerdo con la Fiscalía, la mandataria peruana habría recibido -en calidad de donación- por parte del gobernador regional de Ayacucho -región del sur andino-, Wilfredo Oscorima, tres relojes de la marca Rolex, un par de aretes de oro con diamantes y una pulsera con 94 brillantes. La tesis fiscal presume que, a cambio de estos préstamos de lujosas joyas, el Gobierno habría beneficiado a la gestión de Oscorima con un desembolso millonario a través de un decreto.
Cabe precisar que el delito de cohecho pasivo impropio se da cuando un funcionario público acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente donativo o beneficio indebido para hacer un acto propio de su cargo, sin faltar a su obligación.
Oscorima: un gobernador cuestionado
Wilfredo Oscorima, quien hizo su fortuna a base del negocio de casinos y tragamonedas, tiene varias investigaciones por corrupción y llegó a ser condenado a cinco años de cárcel en el 2015 por compras irregulares de maquinarias.
Entonces, Oscorima huyó de la justicia y estuvo escondido hasta que fue capturado por la policía. De acuerdo con una denuncia policial, llegó a ofrecer dinero a los agentes para dejarlo fugar.
Finalmente, la Corte Suprema lo absolvió de los cargos por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo en 2017.
Investigada por enriquecimiento ilícito
En marzo, la Fiscalía peruana inició una investigación preliminar contra Boluarte por presunta corrupción.
A través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, se ordenó iniciar diligencias contra la mandataria «por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos por el uso de relojes de la marca Rolex».