Saúl Hernández Bolívar,
A decir verdad, el expresidente Álvaro Uribe Vélez no está siendo acusado de algún delito verdaderamente grave como un hecho de corrupción o un acto violatorio de los derechos humanos, como algunos han pretendido, endilgándole los llamados “falsos positivos”. No, a Uribe lo llevan a juicio con la acusación estrafalaria de estar comprando testigos en contra del senador comunista Iván Cepeda, a quien hemos visto por años recorrer cárceles ofreciéndoles dádivas a delincuentes presos para que acusen al expresidente de paramilitarismo.
De eso acusó Uribe a Cepeda, pero de manera inexplicable la Corte Suprema de Justicia le dio la vuelta de tuerca a la investigación, convirtiendo a Uribe en un ‘cazador cazado’, cuando lo normal habría sido, simplemente, cerrar la investigación contra Cepeda y no darle más vueltas al asunto. Pero esa Corte era el “Cartel de la Toga” y en la rama Judicial medran no pocos agentes de izquierda para quienes Uribe es poco menos que el demonio. Es decir, allí sobran los que quieren vengarse del líder político más importante de Colombia en los últimos 100 años, y en esa Corte sobraban los que por un saco repleto de billetes vendían cualquier fallo.
Ahora viene la Fiscalía, justo cuando se estrena la fiscal de bolsillo de Petro, a acusar formalmente a Uribe cuando, en varias ocasiones, fiscales y procuradores han pedido la preclusion del proceso. O sea, todo lo que sea contra Uribe es bienvenido, pero lo que sea a su favor, nada. Y son múltiples los efectos que se desprenden de este juicio que va a tener ocupado al exmandatario al menos el próximo año y medio, pues en octubre de 2025 prescribiría la acusación.
Para empezar, Petro se quitaría de encima un crítico riguroso que aún tiene mucha sintonía, un notable poder de convocatoria y un incansable ánimo de trabajar por el país. Sería un periodo especialmente delicado en el que Petro estaría dedicado por entero a practicar un populismo jamás visto con el fin de sacar adelante su “constituyente” y lograr perpetuarse en el poder, que es realmente lo que este sujeto pretende.
Como si fuera poco, acierta Álvaro Uribe cuando manifiesta que esta persecución en su contra podría albergar el afán de Petro de incluir su caso en los procesos de perdón que pretende impartir en el marco de su “paz total”. Una especie de “punto final”. Justificar el perdón de unos matones irredentos otorgándole el indulto a un hombre que no ha delinquido y que se ha constituido en la talanquera de los violentos de derecha e izquierda. Linda estrategia.
También, como es de suponerse, la persecución a Uribe no solo constituye una venganza contra quien le impidió a la extrema izquierda hacer la revolución en Colombia y tomarse el país, recuperando lo que se consideraba ya un “Estado fallido”, sino en un mensaje de tipo extorsivo para que nadie jamás vuelva a tener la osadía de enfrentar a las guerrillas y demostrar que sí son derrotables. A quien haga eso le espera la muerte física o el asesinato moral, que es lo que pretenden hacer con Álvaro Uribe Vélez llevándolo a juicio. Y si lo condenan, ¿en qué estado quedarán sus tesis y sus ejecutorias?
Nos dejamos sumir en el mundo al revés. Los asesinos fungen hasta de presidente de la República y ocupan toda clase de oficinas públicas. Varios de ellos, como los terroristas de las Farc, ocupan curules regaladas en el Congreso y se creen paladines de la moral, no obstante que la paz que firmaron con Santos resultó tan falsa como el mismísimo Juan Manuel. Y matones de la otra orilla, como el paramilitar Mancuso, van a ser designados como ‘gestores de paz’.
Entretanto, el Gran Colombiano, el hombre que le devolvió la fe a todo un país y lo gobernó con tal destreza que tras ocho años de gestión dejó el cargo con más de 80% de favorabilidad gracias a sus logros, está hoy enfrentando un irregular proceso judicial que lo podría llevar a la cárcel, como cualquier delincuente, como si Uribe fuera lo mismo que Mancuso o “Timochenko”. ¿Qué mensaje se le está enviando a la sociedad y especialmente a la juventud? Condenar a Uribe es condenar a Colombia.