QUITO. El expresidente de Ecuador Lucio Gutiérrez, afirmó que las embajadas no deben servir como refugios para «criminales». Esto se dio en el contexto de la detención del exvicepresidente del país, Jorge Glas, quien fue aprehendido por las autoridades ecuatorianas tras irrumpir en la embajada de México. Este incidente generó un conflicto diplomático entre ambas naciones latinoamericanas.
El exmandatario ecuatoriano hizo estas afirmaciones a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. En sus declaraciones, señala que México violó la soberanía de Ecuador al intervenir en asuntos internos del país y al otorgar asilo a un personaje condenado por corrupción, lo que constituye una violación del Derecho Internacional.
Es importante señalar que, según el Derecho Internacional, el asilo político se otorga a personas que son perseguidas por motivos políticos, religiosos u otros motivos de persecución legítimos. Sin embargo, el asilo no se otorga a delincuentes comunes o personas buscadas por crímenes graves como genocidio, de lesa humanidad, terrorismo u otros delitos internacionales.
En general, los Estados tienen la facultad de negar el asilo a personas que hayan cometido delitos graves o que sean consideradas una amenaza para la seguridad nacional. Además, los tratados internacionales y las leyes nacionales suelen establecer limitaciones al asilo político en casos donde la persona solicitante haya sido condenada por delitos graves.
Por lo tanto, en términos generales, los delincuentes comunes no suelen recibir asilo político según el Derecho Internacional. Cada caso se evalúa individualmente y las autoridades competentes determinan si la persona cumple con los requisitos para recibir protección internacional.
El asilo tiene limitaciones importantes
Aunque las embajadas son consideradas territorio de un país extranjero, el asilo político no otorga a la persona protegida el estatus de estar fuera del territorio del país anfitrión. Por lo tanto, la persona sigue estando sujeta a las leyes y regulaciones del país donde se encuentra la embajada.
El país anfitrión debe dar su consentimiento para permitir que la persona permanezca en la embajada como asilado político. Si el país anfitrión no reconoce el asilo político, puede solicitar a la persona que abandone la embajada.
El asilo político en una embajada generalmente se considera como una solución temporal y no permanente. La persona asilada puede ser reubicada en otro país que esté dispuesto a ofrecerle protección.
El asilo político puede desencadenar negociaciones diplomáticas entre los países involucrados para encontrar una solución al caso y garantizar la seguridad y bienestar de la persona asilada.
¿Ecuador violó soberanía de México?
La situación en la que Ecuador irrumpió en la embajada de México para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas plantea cuestiones complejas en términos de Derecho Internacional y soberanía de los Estados.
Según el principio de inviolabilidad de las misiones diplomáticas, consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, las embajadas extranjeras gozan de inmunidad y no pueden ser allanadas ni violadas por las autoridades del Estado receptor. Sin embargo, existen excepciones a este principio, como en casos de consentimiento del Estado anfitrión o en situaciones de emergencia que pongan en peligro la seguridad nacional.
En el caso específico de la irrupción en la embajada de México por parte de las autoridades ecuatorianas para arrestar a Jorge Glas, es importante considerar si se siguieron los procedimientos legales correspondientes y si se respetaron los derechos fundamentales del individuo.
Si Ecuador consideró que existían motivos legítimos para llevar a cabo la detención dentro de la embajada, es posible que haya argumentado razones de seguridad nacional o cooperación internacional para justificar su acción.
En última instancia, corresponderá a los organismos internacionales competentes evaluar si la acción de Ecuador constituyó una violación flagrante del principio de inviolabilidad diplomática y si hubo un uso proporcionado y justificado de la fuerza en este caso particular.
Jorge Glas es un político ecuatoriano que fue detenido en varias ocasiones por presuntos actos de corrupción. En el caso específico de su detención en la embajada de México, las autoridades ecuatorianas lo acusaron por supuesta desviación de fondos públicos destinados a la reconstrucción de poblados costeros después de un devastador terremoto en 2016.
Por otra parte, Jorge Glas fue condenado en 2017 por asociación ilícita en el marco del caso Odebrecht, relacionado con sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios ecuatorianos a cambio de contratos públicos. En 2022 obtuvo su libertad condicional al beneficiarse de un recurso de habeas corpus.
Persona non grata / Rompe relaciones diplomáticas
El episodio de la irrupción en la embajada de México en Quito ocurrió un día después de que el Gobierno de Ecuador declarara ‘persona non grata’ a la embajadora mexicana en Quito, Raquel Sesur, debido a unos comentarios del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el asesinato a tiros el 9 de agosto de 2023 del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, ocurrido a la salida de un mitin electoral en Quito.
El Mandatario mexicano mencionó que el asesinato de Villavicencio perjudicó principalmente a Luisa González, la candidata presidencial del Movimiento Revolución Ciudadana liderado por el exgobernante progresista Rafael Correa (2007-2017).
El Gobierno ecuatoriano calificó las opiniones de López Obrador como «muy desafortunadas», especialmente en un momento en que el país aún se encuentra en duelo por el asesinato de Villavicencio, un crimen que causó conmoción en la sociedad ecuatoriana y que atentó contra la democracia, la paz y la seguridad.
Después de la irrupción en la embajada de México en Ecuador, el gobierno de Andrés López Obrador tomó medidas similares y rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. Calificaron el incidente en la embajada mexicana como «autoritario» y una «violación flagrante del derecho internacional y de la soberanía del país azteca.