CARACAS — El régimen de Nicolás Maduro avanza en la criminalización de las organizaciones no gubernamentales y de la libertad de expresión, con la presentación de nuevas medidas legislativas que encienden las alarmas de activistas de derechos humanos en Venezuela.
En una entrevista concedida al medio argentino Infobae, Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional (AI) Venezuela, se refirió a la Ley de fiscalización de las ONG y la Ley Antifascismo, impulsadas por el régimen chavista, que pondría en riesgo el funcionamientos de numerosas organizaciones civiles y amenaza la libertad de expresión.
“Estas dos leyes, complican todo el panorama electoral y lo que uno puede esperar después del 28 de julio”, advierte el activista de los derechos humanos.
Son legislaciones que surgen en medio del recrudecimiento de la represión y persecución en el país suramericano, que arrancó el año con investigaciones de presuntas tramas de conspiración en las que involucrarían a dirigentes políticos, activistas de derechos humanos y sociales, entre ellos, a seis miembros del equipo de campaña de la líder opositora María Corina Machado, a la abogada Rocío San Miguel y al periodista Carlos Julio Rojas.
“Cerco legal”
Gómez afirmó que en Venezuela han implementado un “cerco legal”, con una “batería de leyes” que atentan contra la sociedad civil, que ya han sido aprobadas en primera discusión.
En este sentido, mencionó que está la Ley de Fiscalización de las ONG que busca “eliminar a todas las organizaciones civiles”, bien sean que trabajen por la cultura, el deporte o la religión.
Afirmó que la propuesta cambia el modelo de contrato social existente en la nación caribeña, que ahora tendría que hacer varios registros y recibir el reconocimiento de la Vicepresidencia para tener la autorización de funcionamiento.
“Imagínate eso para una organización de derechos humanos, de víctimas, de comunicadores, eso sería un desastre. Y luego las penas son altísimas, son muy complejas. Incluso comprometen el patrimonio de la gente que forma parte de las directivas de las asociaciones, como si fuese una empresa. Obligan a tener que hacer declaraciones juradas como si fuese un funcionario público. Verdaderamente acabaría con toda la sociedad civil organizada”, alertó.
En cuanto a la Ley Antifascismo, la calificó de “insólita”, al tomar en cuenta su “bellísimo enunciado” de lucha contra el racismo y el clasismo, cuando la realidad es que tilda de fascista a “cualquiera que opine en Venezuela o tenga algún tipo de expresión” que no cumpla con los fines del Estado. “Es una tremenda amenaza para todo el ejercicio de la libertad de expresión”, apuntó.
Misión de la ONU en Venezuela
El director de AI Venezuela habló sobre la necesidad de garantizar la continuación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, que ha sido fundamental para establecer “la verdad y la memoria” de los casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014.
La misión, que ha descrito los patrones de represión, puede terminar su mandato en el país suramericano este año, explicó Gómez. Indicó que la única manera de renovarla y extender su observación sobre Venezuela es con la participación activa de los Estados.
Hasta el momento, solo países de Europa y Estados Unidos han escuchado a las víctimas y a la sociedad civil, continuó el activista, al mencionar que ahora requiere de la iniciativa de los países de Latinoamérica para presentarlo y que se mantenga.
“Ya sabemos que México no quiere presentar esto. Dudamos un poco de Brasil, pero definitivamente el trabajo que pueda hacer la Cancillería de Argentina es fundamental”, resaltó.
En este sentido, el director de AI Venezuela instó al gobierno de Argentina, presidido por Javier Miler, a “pasar de los dichos, de las declaraciones públicas, a los hechos” y trabajar para que pida en junio de este año que la misión sea renovada y votada en septiembre de este año.
“Nosotros tenemos que llegar a las elecciones del 28 con esa sensación de que va a haber un organismo internacional que va a determinar responsabilidades individuales en caso de graves abusos. Es importante la participación de la Argentina para que el gobierno de Maduro no se sienta tan libre de cometer abusos”, subrayó.