MIAMI.- La oposición venezolana presentó una resolución ante la Internacional Demócrata de Centro (IDC) en la que condena la inhabilitación política de la líder opositora María Corina Machado y se exige el cumplimiento del acuerdo de Barbados, que brinda condiciones electorales para las elecciones presidenciales prevista para el 28 de julio de este año.
El documento, que contó con la aprobación de más de 100 partidos políticos del mundo, fue consignado ante la instancia democrática por Julio Borges, dirigente nacional del partido Primero Justicia (PJ). “Nuestra petición se centró en las condiciones electorales, habilitación de María Corina Machado y libertad de los presos políticos”, señaló en un comunicado de prensa.
La resolución, mediante la cual se expresa la preocupación del organismo defensor de los valores democráticos, rechaza “energéticamente” la decisión del régimen de Nicolás Maduro de inhabilitar a Machado, electa candidata de la oposición con más del 90% de los votos en las elecciones primarias del 22 de octubre de 2022.
Además, condenó las trabas que colocó la cúpula gobernante para impedir que la abanderada de Machado, la doctora Corina Yoris, se inscribiera ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en el venidero proceso electoral.
La IDC demandó al régimen de Maduro el “respeto y cumplimiento” del acuerdo de Barbados, suscrito con aval internacional en octubre pasado, “en todos y cada uno de sus puntos”. Esto, a fin de asegurar unas elecciones con “las garantías electorales necesarias la libre participación de los candidatos inconstitucionalmente inhabilitados, en modo de que puedan ser consideradas libres, justas, equitativas, transparentes, observables y, por lo mismo, democráticas”.
Política represora
Recalcó que la dictadura chavista emprendió “una política represora contra ellas y los colaboradores de Machado”, que han sido víctima de persecución y detenciones arbitrarias.
Mediante este documento, en el cual se exige la liberación de todos los presos políticos y el cese de la persecución a las voces disidentes, se responsabiliza al régimen de la integridad físicas de la líder opositora, su abanderada y los jefes del movimiento Vente Venezuela, Henry Alviárez y Dignora Hernández, quienes fueron detenido de manera arbitraria el 20 de marzo por una supuesta conspiración para asesinar a Maduro.
También se le advierte a los miembros de la dictadura y del CNE las prácticas de “apartheid político” contituyen crímenes de lesa humanidad. “podría resultar en investigaciones individuales con la activación de mecanismos de justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional (CPI), conforme al Estatuto de Roma”, recuerda el documento, que fue remitido ante esta instancia penal “como señal de la preocupación internacional sobre la situación en Venezuela”.
Además, respaldó la actuación de la CPI, que a principios de marzo desestimó el recurso de apelación interpuesto el régimen contra el proceso de investigación que cursa la instancia por crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios venezolanos. “Deberán responder por sus violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos en Venezuela”, señala el texto.