CARACAS.- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que los presos en las cárceles del país sudamericano iniciaron una huelga de hambre para exigir que respeten sus derechos humanos, en medio de una crisis del sistema penitenciario.
El OVP dijo que la medida es de carácter pacífica y se han plegado todos los centros carcelarios pidiendo el “otorgamiento de medidas humanitarias, traslados a los penales de origen”. El organismo aseguró que las prisiones del país enfrentan un hacinamiento crítico y precaria alimentación.
Las mujeres privadas de libertad del Instituto Nacional de Orientación Femenino (INOF) -la única cárcel femenina en el país- también se unieron a la huelga para reclamar por la demora en sus procesos judiciales, la desidia sobre la situación de las cárceles y el descontento por los programas oficiales “que no han aportado ninguna solución a su situación jurídica”, añadió el Observatorio.
El fin de semana, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario difundió, a través de su cuenta en X, varios mensajes, uno de ellos indicando que la ministra Celsa Bautista atiende directamente a los privados de libertad “como parte de la garantía de los DDHH (derechos humanos) de la población penitenciaria”. La institución acompañó la publicación con algunas imágenes en las que se veía la prestación de atención médica a los presos, capacitaciones y otras actividades.
El Observatorio, por su parte, respondió a la ministra en la misma red social, lamentando que ésta “no acepte la realidad”.
Las imágenes difundidas por el OVP dejan ver a las mujeres en uno de los pasillos del INOF, donde protestaban haciendo sonar botellas plásticas o cualquier artículo que pudiera hacer ruido. En cambio, en una cárcel de varones que no identificó, los presos congregados y apretados en los pasillos entonaban una canción.
Gravedad de la situación
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2023 calificó la situación de los privados de libertad en Venezuela como “una de las más graves de la región”. Entre las principales deficiencias mencionó el hacinamiento y la falta de cifras oficiales actualizadas en el sistema penitenciario del país.
Según la CIDH, las cifras oficiales registraban una población penitenciaria en 2022 de 33.558 presos en 45 centros carcelarios. Sin embargo, asegura que existe una “dualidad del sistema penitenciario” que se concreta en centros de detención preventivos, que denominó como “calabozos”, elevando el registro a 35.000 reclusos. No tuvo acceso a datos de 2023, agregó.
Se conoce a los calabozos como sitios de detención en comisarías policiales en lo que la estadía debería ser corta.
El hacinamiento que puede superar el 200% en algunas cárceles del país “puede llegar a constituir en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano o degradante, violatoria del derecho a la integridad personal y de otros derechos humanos”, apuntó la CIDH.
Otro de los problemas que destacó el Observatorio de Prisiones es que los privados de libertad son recluidos sin tomar en cuenta la cercanía a sus familias ni la jurisdicción o territorio donde se tramitan sus causas. Un 70% del retardo procesal se debe a inconvenientes de transporte, añadió.
A inicios de mayo, el organismo no gubernamental aseveró que los presos en una cárcel de Caracas llevaban “tres meses sin comer proteína”, una situación que, según aseguró, “se vive en el resto de cárceles de Venezuela”.