CARACAS.- El régimen de Nicolás Maduro pretende acorralar a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en un escenario entre el exilio y la prisión, con supuestas tramas de conspiración y magnicidios que «crea», siguiendo el modelo de persecución cubano.
“Esa trama está desvelada porque están tratando de construir un caso que no existe. Es una trama, además, muy cubana”, sostiene el exfiscal venezolano, Zair Mundaray, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.
El 17 de abril, el fiscal general chavista, Tarek William Saab, ofreció un balance sobre la operación “atentado frustrado”, que involucra a dos sujetos a quienes han intentado vincular a Machado. Supuestamente fueron detenidos el 25 de marzo en los alrededores de la Plaza Diego Ibarra de Caracas, a 20 metros de la tarima presidencial, cuando se preparaban para atentar contra la vida de Maduro, tras su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Saab presentó las confesiones de Carlos Eduardo Castillo y Jerry Argenis Ostos Perdomo, quienes en calidad de “testigos y colaboradores”, señalaron al periodista y activista social, Carlos Julio Rojas, como “operador político-logístico e instigador” del último de los presuntos atentados contra Maduro. Rojas habría actuado bajo las órdenes de Machado, en el marco de un plan denominado “hasta el final”, lema que utiliza la opositora en su campaña electoral.
“Estos regímenes autoritarios intentan colocarse frente a la opinión pública como víctimas para bajarle el volumen a las tropelías, abusos y violaciones de derechos humanos que cometen”, explica.
Saab insistió que ambos detenidos, imputados por delitos de terrorismo, asociación, magnicidio en grado de tentativa, instigación al odio y porte ilícito de arma de fuego en lugares prohibidos, afirmaron ser activistas políticos de Vente Venezuela, movimiento liderado por Machado.
Sin embargo, esta vinculación quedó desmontada por una investigación periodística de Infobae, que reveló que los sujetos son en realidad militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Siendo Ostos Perdomo quien tendría mayor relación con las altas esferas gubernamentales, al ser subalterno de José David Cabello Rondón, (hermano de Diosdado Cabello) por vía del SENIAT, ente recaudador de impuestos del país.
Puesta en escena
Desde inicios del 2024, el régimen ha denunciado una serie de “planes conspirativos” que, según sostiene el fiscal chavista, corresponden a un “conspiración continuada” ideada por una “misma cabeza y autoría material e intelectual, dentro y fuera del país”.
Estos habrían comenzado con la operación “Alta Conspiración”, seguido de los casos “Espionaje Guasdualito”, “La Viñeta”, “Espionaje Fortunato” y, por último, el plan “Brazalete Blanco”.
Por la operación “Brazalete Blanco” han detenido a al menos 17 ciudadanos, incluidos seis miembros del comando de campaña de Machado, entre ellos, los dirigentes nacionales Henry Alviárez y Dignora Hernández; y a la abogada y activista de derechos humanos, Rocío San Miguel.
El régimen, continuó Mundaray, inició con una etapa de “criminalización de los apoyos locales y regionales”, que tienen la capacidad de movilizar a la opinión pública en la calle y lograr que la gente se articule a favor de sus derechos.
“No persiguen a ningún líder prominente, sino a todos estos líderes capaces de movilizar, organizar y articular a la gente. Ese es el foco que tienen ahorita, y, a partir de ese foco, por supuesto, llegar al liderazgo (María Corina Machado) cuando políticamente corresponda”, señala.
Esto, con el fin de desmotivar y silenciar a los ciudadanos. “Quieren una sociedad sumisa, callada, que no reclame nada, que no se pronuncie frente a nada. En eso está trabajando muy duro Tarek William Saab, en una sociedad que no reclame nada”, asegura.
«Atentado frustrado»
Ahora, la Fiscalía estaría investigando el plan “atentado frustrado”, en el que se menciona por primera vez, sin censura y de manera reiterada, el nombre de María Corina Machado en boca de los supuestos magnicidas.
Tanto Ostos como Castillo afirman que fueron reclutados por Carlos Julio Rojas como dirigentes parroquiales de Vente Venezuela, e incluidos en un grupo de WhatsApp por el cual se enviaban, en principio, las líneas de acción y se convocaban a reuniones, hasta que ambos fueron agregados a un “grupo especial” que llevaría a cabo la operación “hasta el final”.
Los sujetos, que fueron detenidos con dos pistolas calibre 9 milímetros y calibre 7.65 milímetros, habrían recibido entrenamiento sobre manejo de armas de fuego y preparación de bombas molotov para ejecutar este presunto plan. El mismo tendría el objetivo, según los detenidos, de reeditar las denominadas “guarimbas”, una serie de protestas antigubernamentales registradas entre 2014 y 2017, en las que fallecieron cientos de ciudadanos, en casos por los cuales la CPI investiga hoy a altos funcionarios chavistas.
La idea era generar violencia, acciones de calle, sabotear el sistema eléctrico, atacar las instituciones gubernamentales y empresas básicas del Estado, y asaltar cuarteles militares para “volver al caos, el miedo y la violencia” de esas épocas.
Esto, con el fin de llamar la atención de la comunidad internacional, al producir una “falsa debilidad” en el régimen de Maduro, cuyo rechazo es cada vez mayor, para que países extranjeros intervinieran a Venezuela. El pago adelantado por este “trabajo” habría sido, en principio, de 10.000 dólares.
El 25 de marzo, de acuerdo con Castillo, tenían la orden de “disparar contra las masas en Caracas” para que tuvieran miedo de asistir a las concentraciones chavistas, cada vez más menguadas por el rechazo que recibe la cúpula gobernante.
Saab respaldo los testimonios de Ostos Perdomo y Castillo con capturas de pantalla de las supuestas conversaciones de WhatsApp con Carlos Julio Rojas, en las que se hablaba de estos planes conspirativos.
Con base en las “confesiones” de Ostos Perdomo y Castillo, que recuerda Mundaray son “violatorias al artículo 44 de la Constitución”, el Tribunal 2° de Control con competencia en Terrorismo libró el 14 de abril una orden de aprehensión en contra de Rojas, que fue materializada la tarde del 15, por sujetos vestidos de negro, sin identificación de órganos policiales, por los delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación a delinquir y magnicidio en grado de tentativa.
“Están en la persecución de los liderazgos más bajos, pero que tienen capacidad de articulación de la gente, para ir armando el expediente de la cabeza del liderazgo, que, finalmente, es el enemigo a vencer desde la perspectiva de la opinión pública y política, que es María Colina Machado”, puntualiza el exfiscal.
Llegar a Machado
Mundaray indica que el régimen aplica a Machado una estrategia similar a la utilizada con Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, cuyo liderazgo fue debilitado antes de dictar la orden de aprehensión y forzarlo al exilio.
“Con María Corina Machado el plan va avanzando, y tanto que ahora hay muchísima más represión. Montaron este supuesto magnicidio y la mencionan de manera directa para atemorizarla, pero también para decir abiertamente ‘vamos por ti en cualquier momento, así que mejor baja la guardia, negocia, vete, no sigas”, detalla.
Sostiene que, desde la perspectiva de la dictadura, la opositora constituye “una afrenta porque es la única que realmente está desafiando el poder”, por lo que han intentado “vencerla desde distintos planos”. Primero con su inhabilitación política, luego con la detención arbitraria de su equipo y en torno cercado y, ahora, involucrándola directamente en presuntos planes conspirativos.
“Es tan así que en el caso de Tarek El Aissami, un corrupto y delincuente conocido, no le persiguen, según la narrativa del régimen, por actos de corrupción, sino por una conspiración para tumbar a Maduro y tratan de conectarlo con María Corina Machado”, apunta.
En sus declaraciones, Saab adelantó que vendrían más órdenes de aprehensión. Aunque considera que principalmente buscan “forzar el exilio” de Machado, Mundaray no descarta que Machado pueda ser detenida finalmente, en caso de necesitarlo para mantenerse en el poder.
A su juicio, el régimen aplicó el “ensayo” para medir los costos con el caso de Rocío San Miguel, cuya detención provocó una fuerte condena internacional, que poco a poco, fue bajando la voz, ante otros elementos “distractores”.
“Esa carta (detención de Machado) ya la tienen en dos declaraciones, con eso pueden dictar una orden de aprehensión. Ahorita el costo es alto, por supuesto que lo es, pero en un Estado totalitario si el costo es alto no importa, lo asumimos si es lo que necesito para mantener el poder, y para ellos el poder es libertad, es de vida o muerte”, subraya.