El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez se mostró conforme con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que decidió cerrar la investigación contra el exmandatario por presunto tráfico de influencias.
En su cuenta de la red social X, Uribe menciona dos casos que ya fueron cerrados. Uno de ellos es el supuesto tráfico de influencias, sobre el cual el alto tribunal dictaminó este lunes 27 de mayo que «no constituye un hecho penalmente relevante» y se inhibió de continuar con el proceso.
En el segundo caso es que la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir una investigación en noviembre de 2022. Este caso, conocido como «ñeñepolítica», involucra al exmandatario y al fallecido ganadero José Guillermo Hernández en la presunta compra de votos para la campaña presidencial de Iván Duque, quien resultó elegido presidente de Colombia en 2018.
En este sentido la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por el periodista Gonzalo Guillén contra la decisión tomada por el alto tribunal el 3 de noviembre de 2022. En esa decisión, la Corte se abstuvo de abrir una investigación penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en relación con el caso conocido como «ñeñepolítica».
La Corte decidió inhibirse
Este lunes 27 de mayo, la Corte Suprema de Justicia decidió inhibirse y no continuar con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el supuesto delito de tráfico de influencias, el primer caso que reseña en su cuenta X el exmandatario colombiano.
Es importante destacar que el expediente fue iniciado por Javier de Jesús Uchima, gobernador del resguardo colonial Cañamomo Lomapiedra de Caldas. A quien le parecía que Uribe había cometido un delito en 2019, cuando era Senador, al llamar directamente a la entonces directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Miryam Martínez y solicitarle intervenir en un caso específico de disputa territorial.
Al parecer, Uribe fue grabado llamando por celular a la exdirectora Miryam Martínez para solicitarle ayuda en favor de los «pequeños propietarios» del municipio de Riosucio (Caldas). En esa zona, existe una disputa territorial que la ANT debe resolver, precisando los límites de varios resguardos indígenas que colindan con propiedades privadas cuyos dueños tampoco desean perder sus terrenos.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de cerrar la investigación se fundamenta en la conclusión de que no hay pruebas suficientes para seguir adelante con el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto tráfico de influencias.
Fraude Procesal y Soborno a testigos
El exmandatario Álvaro Uribe enfrenta un juicio centrado en los supuestos delitos de «soborno a testigos» y fraude procesal. En 2012, Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda por presuntamente ofrecer dinero y beneficios jurídicos a exparamilitares para que testificaran en su contra.
Sin embargo, la Corte Suprema decidió investigar a Uribe debido a indicios de que lo relacionaban con esos delitos. Seis años después, la Corte Suprema llamó a indagatoria a Uribe Vélez y en 2020 ordenó su detención domiciliaria, levantada un año después por la jueza Clara Salcedo.
La Fiscalía presentó pruebas y testimonios que sugieren que Uribe coordinó acciones para obtener declaraciones favorables tanto para él como para su hermano en relación con acusación de vínculos con grupos paramilitares.
Hubo dos solicitudes de preclusión entre 2021 y 2023, ambas negadas por los jueces. El 9 de abril de 2024, la Fiscalía radicó una acusación formal contra Uribe por soborno y fraude procesal
La defensa solicitó la nulidad del caso, pero la jueza penal Sandra Heredia de Bogotá declaró que la acusación está formulada, iniciando la etapa de descubrimiento probatorio.
En caso de ser hallado culpable, Uribe podría enfrentar hasta ocho años de prisión por fraude procesal y hasta doce años por soborno a testigos. Uribe niega las acusaciones y sostiene que nunca solicitó sobornar testigos, argumentando que este juicio se trata de una retaliación política.