Rodrigo Rivera Morales,
En Venezuela no existe Estado de derecho. El Estado venezolano funciona sobre un marco normativo producido al margen de la Constitución, dirigido a la preservación del poder. El régimen actual ha falseado el Estado de derecho aniquilando la Constitución, creando una normatividad reguladora de la sociedad y el poder a su antojo, en especial, despojándola de su sentido ético y su esencia democrática.
Llegaron al poder bajo la vía democrática con discurso de redención social y consignas populistas, aupados por factores de poder (empresarios y medios de comunicación favorables a la antipolítica), pronto se quitaron la máscara afirmándose socialistas. No obstante, debemos señalar que allí no había consistentemente una ideología marxista, sino una especie de militarismo nacionalista con una visión unipartidista centralista, que en realidad no es una filosofía política sino un instrumento para mantener el poder, concurriendo múltiples ideologías. Este tipo de régimen define quién constituye la élite, ya sea política, cultural o financiera. Copia de las dictaduras marxistas su carácter antidemocrático, como también su naturaleza anticompetitiva y antimeritocrática, así, las plazas o los cargos de responsabilidad en la Administración Pública o donde ponen la mano, no se asignan por sus credenciales o méritos ni a los más capaces, sino a los más leales.
La cúpula actual rápido manifestó su esencia autoritaria-militarista, para terminar imponiendo una dictadura con control central absoluto del poder sustentándolo en las armas, sin elecciones libres, sin libertad de expresión, intervención y confiscación de los partidos políticos de oposición, sin separación e independencia de poderes, lo que impide el control e incluso el empleo de estos para la persecución de la disidencia.
La cúpula actual no alcanzó el poder por sus virtudes éticas, políticas y ciudadanas, sino por los múltiples defectos que mostraban las élites políticas de ese momento. La corrupción había permeado profundamente la Administración Pública, los partidos y la dirigencia política, estos se habían olvidado del ideal de democracia y del bien común. Por otro lado, el Estado de derecho era muy frágil, había perdido su sentido ético y su función del interés general; la dirigencia política no actuaba con vocación de servicio sino de poder, lo que se transmitía a todas las instituciones, entre ellas, al área militar, la cual nunca internalizó su sometimiento al poder civil y que en sí no constituía un poder, sino un componente del Estado de derecho.
Se clamaba a gritos la reforma del Estado, lamentablemente, la élite política fue sorda a esta demanda. Había la exigencia de acortar las distancias entre gobernantes y gobernados, que más que un elector de élites gobernantes, el ciudadano debe ser un gestor de su vida y participante activo en las decisiones políticas, y el Estado en función del bien común sea un instrumento al servicio de la sociedad, preocupado por la realización de los derechos sociales y económicos, como complementarios de los derechos fundamentales de la persona humana.
Hay que tener presente que Estado de derecho y democracia es un binomio indisoluble, no es concebible un auténtico Estado de derecho sin democracia, así como una democracia no puede subsistir sin un Estado de derecho. Algunos añaden la idea de Estado constitucional, pues, la Constitución es la norma suprema que reconoce los derechos fundamentales dándole primacía, organiza al poder público y señala sus competencias, establece el sistema de control y la forma de producción jurídica. Esto implica un sistema democrático y poder desconcentrado.
Lamentable la despolitización ocurrida en Venezuela (descontento con los partidos) que provocó indiferentismo hacia el Estado y que, además, acentuó el egoísmo individualista y social, lo que debilitó a la opinión pública. En estos momentos que la inmensa mayoría de venezolanos queremos arrojar del poder a la cúpula dictatorial y que desde abajo se ha presionado para la unión, se hace urgente que nos exijamos la idea de constituir un Estado de derecho sólido, democrático y con control social.
Todos debemos estar convencidos, más los futuros gobernantes y dirigencia política, de la sumisión ante la ley, que debemos crear formas auténticas de formación de opinión pública y participación, respetar el pluralismo y la alternabilidad, profundizar el reconocimiento de los derechos humanos y el derecho a la participación política. Por lo vivido en estos años, durante los cuales los operadores jurídicos del Estado y los poderes violaron la ley, apoyaron el aniquilamiento de la Constitución y el Estado de derecho, consideramos que deben reformularse los estudios de Derecho, la formación de profesores y de los jueces, en general, a todos los que operan en el campo de la justicia, para que internalicen que no se trata de una aplicación técnica de la ley o acomodamiento con el poder, sino que su actuación debe ser esencialmente ética al servicio de la justicia y la equidad.