Cuando falta poco más de un mes para que concluya la Administración Trump, esta sigue monitorizando y denunciando los abusos en países duramente golpeados por la represión, y donde se vive una crisis social y política con pocos visos de corregirse a corto plazo. Es el caso de Nicaragua, inmersa en una crisis desde abril de 2018, cuando tuvieron lugar una protestas contra el Gobierno de Ortega y Murillo, que fueron reprimidas por la policía dejando un balance de más de 300 muertos, más de un centenar de presos políticos y un reguero de leyes para acallar cualquier disensión (la primera fue en septiembre de 2018, prohibiendo cualquier manifestación; quien la incumpliera sería acusado de terrorista).
El pasado mes de octubre fueron aprobadas otras dos nuevas leyes: una sobre ciberdelincuencia, que permitirá sancionar -con cárcel y multas- las opiniones críticas contra el régimen de Ortega, incluidas las publicaciones en redes sociales. «El lenguaje ambiguo de estas leyes deja al Gobierno todo el espacio para utilizarlo como herramienta de represión», denunció en una llamada este miércoles con periodistas, Michel G. Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. Esta ley, conocida en Nicaragua como «Ley mordaza», es muy similar al Decreto Ley 370, aprobado por el régimen cubano el año pasado, y que ha empleado de manera sistemática a lo largo de 2020 contra periodistas independientes, para silenciar sus críticas durante la pandemia.
La otra ley aprobada en Nicaragua es la que regula a los agentes extranjeros, bautizada como «Ley Putin», y que Kozak calificó como una «falacia».«Si bien pretende dirigirse a agentes extranjeros, de hecho está destinada a la sociedad civil nicaragüense, a los medios de comunicación independientes del país».
El motivo de la cita telefónica era denunciar el deterioro progresivo de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Según el diplomático, las dos leyes mencionadas estarían dirigidas a «obstaculizar la participación democrática en un momento en que la nación se está preparando para las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, y es crucial que estas transcurran de manera exitosa para que pueda superarse la crisis en la que está sumida Nicaragua», apuntó Kozak, que considera que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros tendrá un efecto inhibitorio sobre las actividades de la sociedad civil en el período previo a las elecciones. «Diversos analistas jurídicos han señalado que el lenguaje ambiguo que emplea la ley concede al Gobierno amplia discrecionalidad para usarla como herramienta de represión».
De momento, una de las primera víctimas de la ley ha sido una ONG sueca, We Effect, que el pasado 11 de diciembre anunció que dejaba de operar en el país de manera inmediata. «La decisión es consecuencia de la nueva legislación que obliga a todas las personas y organizaciones que reciben financiamiento de organismos internacionales a registrarse como “agentes extranjeros”», informaba en su página web la organiazción. «La ley es otro ejemplo de que el espacio democrático se está reduciendo en el mundo. Especialmente durante la pandemia de Covid-19 hemos visto que las libertades y los derechos fundamentales de las personas se reducen», lamenta Anna Tibblin, Secretaria General de We Effect.
Esta ley no impedirá, sin embargo, que siga la cooperación de EE.UU. en Nicaragua en el futuro. «Nosotros vamos a seguir adelante. Tenemos amplia experiencia encontrando formas de brindar asistencia pese a este tipo de obstrucciones ilegítimas. Pero es realmente alarmante que estén ejerciendo este grado de presión sobre organizaciones no gubernamentales y humanitarias absolutamente apolíticas -alertó-. Pone muy de manifiesto el temor que tiene el régimen, ya que no toleran a nadie que sea de algún modo independiente de ellos, incluso si sus actividades son absolutamente benignas y contribuyen al bienestar del pueblo nicaragüense». E insistió en que EE.UU. seguirá adelante con sus esfuerzos, «y nos proponemos ser exitosos en cuanto a dar apoyo al amplio espectro de organizaciones no gubernamentales pacíficas que promueven la democracia y los derechos humanos en Nicaragua».
La misma preocupación que por Venezuela y Cuba
Durante los últimos cuatro años, la Administración Trump ha endurecido las sanciones y ha aplicado medidas contra varios regímenes en Iberoamérica, especialmente contra Venezuela y Cuba. También lo ha hecho contra el Gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta, respectivamente del país. Cuestionado por ABC sobre si consideraba que EE.UU. había hecho lo suficiente por ayudar a que el pueblo nicaragüense viva en un país más democrático, Kozak se mostró tajante: « Hemos hecho todo lo posible para, en los tres países, intentar generar respeto por los derechos humanos, respeto por la libertad de expresión, libertad de reunión, un recuento adecuado de los resultados electorales y mucho más. No acepto la premisa de que nos han interesado más los demás países que Nicaragua», zanjó el diplomático. Y señaló que «tanto en el caso de Venezuela como de Nicaragua, algunas de estas medidas empezaron con el Gobierno anterior», en alusión a la Administración de Obama. «El Gobierno de Trump ha incrementado significativamente la presión en los tres países durante los últimos años. Y quisiera señalar que cuando se analiza en particular Nicaragua, algunas de las medidas que se han adoptado —la Ley NICA, por ejemplo— en nuestro Congreso tuvieron apoyo bipartidista, es decir, tanto de republicanos como de demócratas, y se aprobaron por unanimidad en el Congreso», remarcó Kozak.
Incrementar la presión
En cuanto a que otras medidas de presión está dispuesto a aplicar Estados Unidos para impulsar la reforma electoral en Nicaragua, de cara a las elecciones del 7 de noviembre de 2021, el diplomático advirtió de que a medida que se aproximan las elecciones presidenciales, «el margen para que el presidente Ortega y sus partidarios aprueben reformas se va reduciendo». El 21 de octubre la Asamblea General de la OEA aprobo una resolución por la que puso a Ortega como límite mayo de 2021 para reformar el sistema electora. El tiempo corre y el plazo acaba. Esta semana ha terminado el periodo legislativo sin reformar la Ley Electoral.
Si el Gobierno sandinista no lleva a cabo dicha reforma, Estados Unidos estaría preparado «para incrementar la presión sobre el régimen de Ortega con el fin de propiciar las reformas electorales que merece el pueblo nicaragüense», subrayó Kozak, que recordó que, hasta la fecha, las sanciones estadounidenses «han bloqueado a 24 miembros del régimen corrupto de Ortega» (afectando a algún familiar del presidente), así como a nueve entidades «que ha usado el régimen para reprimir a sus ciudadanos y esconder ganancias de origen espurio». Entre estas entidades, se refirió a la Policía Nacional de Nicaragua, sancionada por el abuso de fuerza durante la represión de las protestas de la primavera de 2018, que causó cientos de muertos.
Seguiremos empleando estas y otras herramientas con las que contemos hasta que veamos que se promulgue una reforma electoral genuina para permitir elecciones libres y justas, el fin de la represión y la liberación incondicional de los presos políticos en Nicaragua», concluyó Kozak.