Las tres maniobras de la izquierda chilena para ocultar resultados del test de drogas en el Congreso

El Congreso de Chile sorteó a los primeros 78 parlamentarios que deberán someterse a un test de drogas que establece la reforma del reglamento interno aprobada en julio. Si bien el objetivo de la medida es propiciar mayores “estándares de transparencia en la labor parlamentaria” e indagar “la comisión de delitos de narcotráfico” entre los miembros del pleno, las bancadas izquierdistas maniobran para evitar la divulgación del resultado.
El nombre de quienes inaugurarán la normativa ya es público, y quienes resulten positivo deberán autorizar el levantamiento del secreto bancario, pero la oposición a esta medida reveló que 46 diputados que apoyan al presidente Gabriel Boric votan en contra de una sesión secreta para trabajar contra la delincuencia y crimen organizado. “¿Que ocultan? ¿desidia? ¿ingenuidad? ¿complicidad?», se preguntó el parlamentario Juan Manuel Fuenzalida en Twitter.
A profundidad
El método del test será un análisis de pelo por ser este capaz de detectar distintos tipos de estupefacientes hasta en los últimos seis meses. El resultado se estima que demorará hasta 15 días, y para esta prueba los seleccionados deben acudir entre el 22 y 30 de agosto al laboratorio de la Universidad de Chile, así lo precisó el presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), quien además resultó uno de los escogidos en el sorteo aleatorio.
El primer control de los parlamentarios deberá practicarse antes del 30 de junio de cada año, mientras que el segundo será obligatorio antes del 31 de diciembre. Significa que la prueba se aplicará de forma semestral e incluirá a todos los diputados en ejercicio y, al ser aleatoria, no todos tendrán que someterse al examen cada seis meses, pero sí deberán hacerlo en dos ocasiones durante sus cuatro años de período legislativo. Sin embargo, La Tercera revela las tres maniobras de la izquierda para impedir la difusión de los hallazgos:
Confesión Pública
Los primeros en optar por esta vía son los diputados que apoyan al presidente Gabriel Boric, Jaime Sáez y Emilia Schneider, quienes admitieron públicamente su consumo al resultar dos de los sorteados para ser parte del primer grupo de autoridades que se someterán al test obligatorio de drogas que rige en la Cámara. Desde su cuenta en Twitter, Sáez cree que la prueba “profundiza la estigmatización”.
Un recurso de protección
Otros legisladores que también consumen sustancias evalúan presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, alegando que el test vulneraría derechos de materia de vida privada y salud. La precursora de esta jugada es la diputada del partido en formación Acción Humanista, Ana María Gazmuri, quien defiende el consumo de cannabis y la tenencia de plantas personales.
Certificación medicinal o terapéutica
Como el consumo del cannabis también es terapéutico y medicinal hay diputados que optarán por presentar un certificado médico para acreditar que su consumo está relacionado con el tratamiento de dolencias, pero según el reglamento, esta alternativa excluiría a los consumidores de sustancias permitidas medicinalmente (ya sea por un tratamiento contra el cáncer o cualquier enfermedad crónica hasta padecimientos de menor gravedad).
Si antes de someterse al examen alguno de los parlamentarios declara el consumo de algún estupefaciente o psicotrópico y el test da positivo a esa sustancia permitida, la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes los protegerá y sus resultados quedarán en reserva.
Fuente: Panampost