El presidente de la Reserva Federal (FED por sus siglas en inglés), Jerome Powell, va a dar más de un quebradero de cabeza a la Casa Blanca en los dos años que quedan de Legislatura. El máximo responsable del banco central de Estados Unidos no está dispuesto a admitir injerencias gubernamentales –al menos de cara a la galería– tras las presiones que está recibiendo para que detenga la subida de tipos de interés y, sobre todo, asuma la agenda verde como guía de la política monetaria de la institución.
Era algo que se rumoreaba en los círculos financieros de Washington pero que ha quedado patente esta semana, cuando Powell aprovechó unas conferencias organizadas por el Banco Nacional de Suecia para señalar expresamente que la FED no incorporará criterios medioambientales a sus actuaciones en materia de política monetaria, saliéndose del guión y sorprendiendo incluso a Isabel Schnabel, consejera ejecutiva del Banco Central Europeo (BCE) que también participó en el acto. Eso sí, ella defendió que la autoridad monetaria europea abrazará la Agenda 2030 en su vertiente climática.
De hecho el BCE ya ha solicitado información a las entidades financieras para determinar hasta qué punto los créditos y emisiones de deuda de sus clientes son compatibles con la lucha contra el cambio climático. El pasado verano realizó unos test de estrés a los principales bancos europeos para que se vayan acostumbrando a un nuevo tipo de inspección, que dará lugar en los próximos años a nuevas exigencias de capital para cubrir estos «riesgos climáticos«.
Criterios ESG y la Agenda 2030
Se trata de una vuelta de tuerca a la tarea de supervisión bancaria, entrando en el terreno de la ingeniería social y siguiendo el camino marcado por BlackRock, la mayor gestora de inversión del mundo. Su presidente Larry Fink es el principal defensor en el mundo financiero de los criterios ESG, que son los principios que determinan las inversiones calificadas de «sostenibles» en función de los ODS de la Agenda 2030 diseñados por el economista Jeffrey Sachs.
Esta introducción del riesgo climático como principio a la hora de adoptar acciones de política monetaria ha generado mucho debate en el seno de la Unión Europea (UE), ya que las pruebas de resistencia a los bancos se realizan con unos criterios discrecionales que son susceptibles de cambiar en el futuro, al depender exclusivamente de decisiones políticas no basadas en el mercado.
Este debate también se ha trasladado a Estados Unidos, hasta el punto de generar un movimiento que los medios oficialistas califican de «anti ESG», sobre todo ahora que la Administración Biden quiere impulsar junto con los reguladores financieros una ampliación de estos criterios medioambientales para que alcancen cuestiones laborales y de otra índole. Es en este contexto en el que cobra importancia el discurso de Powell, dejando muy claro que la FED se mantendrá al margen al menos hasta que no haya un mandato claro de los legisladores estadounidenses.
«No somos legisladores climáticos»
«Sin una legislación explícita del Congreso, sería inapropiado que usáramos nuestra política monetaria o herramientas de supervisión para promover una economía más verde o lograr otros objetivos basados en el clima (…) no somos, ni seremos, legisladores climáticos«, declaró Powell tras recordar que “es esencial que nos ciñamos a nuestras metas estatutarias y que resistamos la tentación de ampliar nuestro alcance para abordar otros temas sociales importantes del momento».
Aunque muchos puedan pensar que la inclusión de la agenda climática en el mundo financiero es algo positivo, lo cierto es que introduce incertidumbres regulatorias que aumentarán las distorsiones en los precios de los activos, que dejarían de actuar como señales para dirigir las acciones de consumo, ahorro e inversión de los agentes económicos.
Como explica la consultora Mary Malone, «una inversión centrada en criterios ESG reduce la productividad del empleo y al eficiencia del negocio en la búsqueda objetivos políticos», al mismo tiempo que provoca que fondos de pensiones dejen de basarse en cuestiones financieras para elegir el destino del dinero que los futuros jubilados, poniendo en riesgo los ahorros al exponerlos a factores que dependen de burócratas.
Hasta el momento este tipo de «inversión socialmente responsable» –que es como la denominan sus defensores– es de carácter voluntario, aunque haya gestoras como BlackRock que penalicen a las compañías que no los adoptan. Sin embargo, la Administración Biden quiere impulsar modificaciones normativas para hacerla obligatoria, algo que será difícil de conseguir con el actual reparto de poderes en la Cámara de Representantes.