La dictadura venezolana continúa haciendo nuevos negocios con empresas extranjeras en pro de seguir explotando los recursos del país. De este modo garantiza el flujo de dinero que perdió hace años por la destrucción de la industria petrolera, por su corrupción, así como la expropiación a diestra y siniestra que se le hizo a las empresas privadas.
Ahora, es Jindal Steel & Power Ltd., una empresa siderúrgica de India, la que aparece en escena para exportar 600.000 toneladas métricas de materia prima de la mayor planta de mineral de hierro ubicada en el país caribeño y bajo el control de CVG Ferrominera Orinoco. Lograr este objetivo contará inicialmente con una inversión de 800.000 dólares, “para mejorar el equipo existente”, según fuentes que declararon a Bloomberg bajo anonimato.
Sin embargo, más allá de lo evidente, en relación con los negocios del régimen de Nicolás Maduro, hay otra cuestión de fondo: en la comunidad internacional se llevan adelante acuerdos en dirección opuesta a lo que podría ser su preocupación por la democracia, pisoteada por el chavismo en las últimas semanas alrededor de las próximas elecciones presidenciales.
Si bien Jindal Steel & Power Ltd. es una empresa privada y no responde al gobierno de ese país, sí forma parte de un patrón que se dejó ver recientemente tras el alivio de sanciones estadounidenses hacia Venezuela: el interés económico prima sobre cualquier asunto que tenga que ver con los abusos de la dictadura. El propio ministro indio mencionó meses atrás su interés en volver a comprar petróleo “barato” venezolano. Ese trato se reanudó en diciembre de 2023.
Comunidad internacional estéril
Esta información trasciende justo cuando María Corina Machado, la líder del antichavismo, exhorta a la comunidad internacional a fijar una posición firme, verdadera y contundente contra la persecución del chavismo, empeorada en las últimas horas. Dos dirigentes de su equipo fueron detenidos —una de ellas, su jefe de campaña, pedía auxilio mientras funcionarios policiales la metían en una camioneta— para sumar siete integrantes de su círculo cercano arrestados en menos de dos meses.
“¿Qué va a hacer la comunidad internacional? Dicen que quieren elecciones libres y limpias, que apoyan los acuerdos de Barbados, ¿pero qué van a hacer frente a esto? De ellos esperamos más que buenos deseos”, asevero Machado. Así, presiona a actores internacionales para que abandonen un status quo que se limita a pronunciamientos estériles, cuando se trata de las arremetidas del chavismo.
El régimen violó los acuerdos firmados en Barbados donde se comprometía a permitir elecciones libres (con diplomáticos de Estados Unidos, Noruega, Países Bajos, Colombia, Barbados, Rusia y México presentes). Hoy encarcela opositores para garantizarse unas votaciones a su medida, sin contar cuestiones sobre el cronograma electoral que afecta incluso a venezolanos en el exterior. Ante todo esto, solo hay comunicados que no llevan a nada. Por ejemplo, la OEA dijo en enero pasado que la inconstitucional inhabilitación de Machado perjudica la posibilidad de “elecciones libres, justas y transparentes”. Más allá de eso, no hubo acciones.
Maduro ignora legado chavista
Por ahora, el trato que Maduro hace con la empresa siderúrgica de India también se traduce en el regreso de acuerdos comerciales con empresas privadas en el sector minero, algo a lo que se rehusaba el fallecido dictador Hugo Chávez por su inviable retórica de “soberanía” que pretendió aplicar en la economía.
Luego de más de dos décadas, el actual dictador recula y abre paso a compañías como Jindal Steel & Power Ltd., para que estas revivan una industria que, en pocas palabras, está en la quiebra y endeudada con sus trabajadores, de acuerdo con testimonios.