Solos, sin dinero y sin apoyo de ningún tipo, México expulsa a los migrantes en la tierra de nadie que une al país azteca con Guatemala, cuando deportar a solicitantes de asilo sin permitirles presentar sus casos es una violación de la Convención sobre Refugiados, la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados de los cuales es signatario. Por este motivo, cuatro organizaciones defensoras de los migrantes decidieron llevar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a los tribunales.
El último informe de Human Rights Watch (HRW) apunta al presidente López Obrador como responsable de las escenas donde padres desconsolados, tirados en el piso y rodeados de hombres armados, son empujados y pateados mientras sus hijos miran horrorizados cuando son arrastrados hasta las camionetas de las autoridades.
La organización lo acusa de “abandonar a familias vulnerables en una zona remota de la selva guatemalteca como evidencia nuevamente de la falta de preocupación por los derechos humanos» por parte del mandatario mexicano que “coopera” con «políticas abusivas» en la zona, tras constatarse en videos, fotografías y documentos proporcionados a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. Es una «escalada de la violencia desplegada por oficiales del gobierno mexicano», señala Telemundo.
Sin explicaciones
México calla. Guatemala es la que está informando tanto del contexto de la frontera como de las negociaciones para que las expulsiones se adapten a sus infraestructuras. De hecho, el país centroamericano comenzó a contabilizar las expulsiones a partir del 22 de agosto, aunque únicamente las que ocurren a través de El Ceibo, en Tabasco. Desde entonces y hasta el 6 de septiembre, el Instituto de Migración guatemalteco ha registrado 4243 deportaciones en 125 autobuses, que también incluyen venezolanos, cubanos y un senegaleses.
El número es revelador si se compara con las deportaciones regulares que México realiza en un mes. En julio, por ejemplo, se deportaron un total de 6294 centroamericanos. En el caso de Guatemala, el país también recibe retornados por vía aérea. En ocho meses han llegado un total de 22 vuelos con migrantes deportados, según el Instituto Guatemalteco de Migración.
Denuncia en tribunales
“Este sistema comenzó de forma desordenada a principios de agosto porque Estados Unidos y México aplicaron la política de hechos consumados. Comenzaron a devolver a los centroamericanos en horarios en los que la frontera estaba cerrada, por lo que estos quedaban abandonados en Guatemala sin que ninguna autoridad se hiciese cargo”, asegura Animal Político.
De hecho, los agentes migratorios mexicanos son señalados de confiscar y destruir los documentos de solicitud de asilo en México a quienes ya los portaban, alegando que eran falsos o inválidos para así detenerlos y expulsarlos.
La situación está en manos de los tribunales de Tabasco —en el sureste del país— y en Ciudad de México, debido a las denuncias interpuestas por cuatro organizaciones contra AMLO por propiciar deportaciones “masivas” que violan las leyes nacionales e internacionales de asilo.
Asylum Access, Fundación para la Justicia, Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración cuestionan las expulsiones “de madrugada y por puntos no establecidos”, así como las devoluciones en cadena de migrantes expulsados de Estados Unidos a aeropuertos del sur de México (Chiapas y Tabasco) y del centro del país (Jalisco, Ciudad de México y otros) que después son trasladados vía terrestre a la frontera con Guatemala por agentes migratorios mexicanos y de la Guardia Nacional, “sin recibir información sobre la posibilidad de solicitar protección en México” y ” sin avisar a los respectivos consulados ni a los gobiernos de Guatemala, Honduras o El Salvador”.
Complicidad bilateral
El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que reactiva el programa “Quédate en México”, el cual obliga a los solicitantes de asilo a esperar respuesta del lado mexicano, empuja a un acuerdo entre AMLO y la Administración de Joe Biden, que en la práctica parece estar dándose con estas discrecionalidades que serían abordadas en la reunión de “alto nivel” que tendrían el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; y el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González, este jueves 9 de septiembre en Washington.
Sin resultado aún del encuentro bilateral, estas deportaciones se basan en el Título 42, la orden implementada por el expresidente Donald Trump que permite devolver a mexicanos y centroamericanos detenidos en la frontera sin dar opción a pedir asilo o entrar en el sistema migratorio, pero Biden en lugar de devolver a los migrantes a la frontera norte de México, que incluye tres pasos; Matamoros en Tamaulipas; Ciudad Juárez en Chihuahua; o Tijuana en Baja California, los lleva en avión hasta el sur de México.
Ahí, los funcionarios del gobierno mexicano se encargan de completar la devolución. “No les ofrecen la posibilidad de tener protección ni tampoco los registran como deportados. Oficialmente no existen”, asegura Animal Político.
Fuente: PanamPost