La sacudida que la Covid-19 está provocando en el tablero político venezolano ha ahondado la ya enorme fractura que separa al Ejecutivo de la oposición. Mientras se multiplican los llamamientos a la unidad para hacer frente a la pandemia, y después de semanas de intentos discretos para tratar de entablar un diálogo, el escenario dio un giro la semana pasada. El primer paso lo dio la Administración estadounidense, principal valedora de Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.
El Departamento de Justicia formalizó una acusación de tráfico internacional de drogas contra Maduro y la cúpula del régimen y puso precio a su cabeza: 15 millones de dólares por información que conduzca a su detención. Esa premisa desbarató las posibilidades de una negociación que reconozca al presidente y a su entorno como interlocutores válidos y puso en evidencia el aislamiento internacional Caracas, sobre todo ante la vecina Colombia.
El siguiente paso le correspondió a Guaidó, jefe del poder legislativo, quien por vez primera defendió con claridad la conformación de un Gobierno de unidad para contener el coronavirus. En el país hay, según datos oficiales, casi 150 contagios y se han registrado al menos tres muertes. El líder de la oposición solo puso una condición, esto es, que Maduro y la actual plana mayor del chavismo no participe en ese proceso. Después, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, propuso una transición en la que tanto Maduro y como Guaidó se hagan a un lado para para facilitar la convocatoria de elecciones presidenciales con garantías. El sucesor de Hugo Chávez rechazó de plano esa posibilidad y su canciller dejó claro a través de un comunicado que las decisiones sobre el futuro de Venezuela se toman en Caracas.