La plataforma de mensajería Telegram ha retirado este miércoles de su servicio en Brasil un mensaje en el que atacaba el proyecto de ley sobre las ‘fake news’ en trámite en el Congreso brasileño, evitando así su suspensión por parte del Tribunal Supremo del país y una sanción económica por cada hora que pasara sin rectificar.
El juez del Supremo Alexandre de Moraes había advertido a Telegram de que suspendería la aplicación durante un periodo de 72 horas si no retiraba el mensaje y, además, enviaría otro alertando a sus usuarios de que estas críticas constituían una «flagrante e ilícita desinformación que atenta contra el Congreso, el Poder Judicial, el Estado de Derecho y la democracia brasileña», recoge G1.
Así pues, en cumplimiento de estas exigencias de De Moraes, Telegram ha publicado en su servicio brasileño que reconoce tal «desinformación» y además asume haber falseado «fraudulentamente la discusión y los debates sobre la regulación de los proveedores de servicios de redes sociales y mensajería privada en un intento de inducir e instigar a los usuarios a coaccionar a los parlamentarios».
Además de la suspensión durante 72 horas de la aplicación en territorio brasileño, Telegram se enfrentaba también a una posible multa de 500.000 reales (en torno a 92.000 euros) por hora, incluso estando fuera de servicio, y sus representantes en el país podrían haber sido citados a declarar por la Policía Federal.
De Moraes ha señalado que Telegram no solo habría incurrido en abuso de poder económico en vísperas de la votación del proyecto de ley para «intentar impactar de manera ilegal e inmoral en la opinión pública y en los votos de los congresistas», sino también inducido e instigado para que se mantuvieran «diversas prácticas criminales» realizadas por las conocidas como milicias digitales.
Por su parte, el Gobierno de Brasil, en boca del ministro de Justicia, Flávio Dino, ha destacado que la decisión del magistrado para frenar los «abusos» de Telegram «es un paso importante para fijar las barreras reguladoras» a este tipo de empresas. «El salvaje oeste digital es incompatible con la Constitución», ha dicho.