Los fiscales generales de veinte estados de EEUU presentaron hoy una demanda contra el plan del Gobierno de Joe Biden de conceder 30.000 visados humanitarios mensuales a migrantes originarios de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, mediante parole; una iniciativa desesperada puesta en marcha desde inicios del 2023.
Subrayaron que con esta medida el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés) está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios.
La demanda está dirigida precisamente contra el DHS y su titular, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y el flujo migratorio.
En la denuncia, liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, los demandantes argumentan que ese plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de EEUU que ya están «sobrecargadas».
“La nueva solución de Biden a su crisis autocreada en la frontera es permitir que los inmigrantes ilegales viajen directamente al interior del país sin cruzar la frontera sur, en violación directa de la ley federal. Sus acciones ilegales no quedarán sin control, y seguiremos luchando en los tribunales para obligar a este presidente a seguir las leyes de inmigración de seguridad pública», dice el comunicado de la fiscal general de la Florida, Ashley Moody.
“En cambio, equivale a la creación de un nuevo programa de visas que permite que cientos de miles de extranjeros, que de otro modo no tendrían ninguna base para hacerlo, ingresen a los Estados Unidos. Esto burla, en lugar de seguir, las claras limitaciones impuestas por el Congreso”, dice el documento.
Los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia y Wyoming, firmaron el documento.
Los fiscales generales estatales han reaccionado así al anuncio de comienzos de este mes del Gobierno de Biden de aceptar a 30.000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, ampliando así un programa que ya existía para los venezolanos desde octubre de 2022.
En su demanda, los fiscales argumentaron que ese plan perjudica a varios estados, como Texas, «que se gasta cantidades significativas de dinero para proporcionar servicios a extranjeros ilegales, debido a las violaciones del Gobierno federal al rechazar aplicar la ley federal».
También pusieron el ejemplo de Florida, que, alertaron, «quedará perjudicada de forma irreparable» por este programa, porque ya gasta «recursos estatales significativos» para proporcionar servicios a los migrantes indocumentados que acoge.
A su juicio, el plan del Gobierno federal debería ser declarado ilegal porque con él los demandados han excedido su autoridad para conceder este tipo de visados, y, además, no han tenido en cuenta si existe la capacidad para expulsar a los beneficiarios del programa una vez que se agote el permiso de dos años para estar en EE.UU, reseña DIARIO DE CUBA.