BUENOS AIRES_ Un tribunal argentino comenzó este lunes la revisión de la condena por corrupción por administración fraudulenta de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por quien la fiscalía pide agravar la pena a 12 años de prisión en vez de los seis que recibió en 2022.
Las audiencias se llevarán a cabo hasta el 4 de abril de forma presencial en los tribunales federales de Comodoro Py en Buenos Aires. La defensa de la expresidenta podrá exponer el 7 de marzo.
Luego, los integrantes del tribunal -los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos- tendrán 20 días hábiles para definir si confirman, revocan o agravan las condenas.
Esto no significa que Kirchner vaya automáticamente a la cárcel ni se la inhabilite para ejercer cargos públicos de por vida -como indica la sentencia-, ya que aún tiene instancias posteriores a las que recurrir para pedir la revisión de la sentencia.
Ambas partes, querella y defensa, han apelado. La querella, ahora comandada por el fiscal Mario Villar, pidió 12 años de prisión en vez de seis, al igual que lo hizo en su momento el fiscal Diego Luciani en primera instancia.
Además, reclamó que se condene a Fernández de Kirchner por asociación ilícita, delito del que fue absuelta en un fallo dividido del Tribunal Oral Federal 2, que sí la condenó por «administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública».
«Hubo una verdadera asociación criminal. No fue el estado el que cometió delitos, fueron personas que eran funcionarios», declaró este lunes Villar en el inicio de la audiencia.
Sólo uno de los acusados estuvo presente en la audiencia, Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación; Cristina Fernández no asistió.
Condena previa
En diciembre de 2022, los jueces del Tribunal Oral Federal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso condenaron a seis años de cárcel a la expresidenta por encontrarla culpable de haber direccionado obra pública de la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.
«Estamos ante un hecho de corrupción estatal que como tal socava las legitimidades de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia así como el desarrollo integral de los pueblos», refirió el Tribunal Oral Federal número 2 en un documento de más de 1.600 folios publicado tres meses después de emitido el veredicto.
Además de Fernández, fueron condenados en ese juicio otras ocho personas. Tres de los acusados fueron absueltos y para uno la causa prescribió.